Acceso
Campañas
Noticia medieval del día
| Carta de Hotton a los suyos 29/08/2010 | Cynthia Hotton LIBERTAD RELIGIOSA – Carta de la Dip. Hotton
20 de agosto de 2010
Queridos Amigos, Hermanos y Pastores: |
| Cómo se financia el partido de la fe católica |
 |
 |
 |
| Escrito por Eduardo Blaustein |
| Domingo, 18 de Julio de 2010 16:54 |
|
Los diferentes fondos públicos con que cuenta el culto católico para su funcionamiento en el país superan los 2.500 millones de pesos anuales. Tras la sanción de la ley de matrimonio igualitario, durísimo golpe contra la presunta autoridad espiritual de la Iglesia sobre los asuntos terrenales de los argentinos, el tema del dinero invertido por el Estado en el sostenimiento del culto católico y/o en su inmenso sistema de colegios confesionales es una discusión que aguarda algún escenario mediato. Con dos mil años de comunicación y propaganda a cuestas las autoridades eclesiásticas tienen perfecta conciencia del asunto. De hecho se vienen anticipando al debate con cálculos como el que todavía hoy pueden leerse en la web del Plan Compartir de la Conferencia Episcopal Argentina, en la que se asegura que en 2007 el Estado dedicaba “una partida de sólo 17.323.913 pesos” para el sostenimiento de la Iglesia, lo cual apenas “representa el 0,014% del total del Presupuesto Nacional”. Así como los documentos de trabajo eclesiales llegaron a sostener más o menos que los homosexuales son proclives a convertirse en hombres lobo, el número es un recorte falaz. En 2010, el dinero derivado al sostenimiento de la Iglesia se incrementó a 35.868.353 pesos. Pero esa cifra es ínfima si se toman en cuenta el dinero estatal que van a las escuelas confesionales, hasta redondear un monto estimable en bastante más de 2.500 millones de pesos anuales. Consultado por Miradas al Sur , Guillermo Olivieri, titular de la Secretaría de Culto de la Nación –organismo responsable de pagar el sueldo de los religiosos– informa que la partida que recibe esa cartera del Presupuesto nacional asciende a 32 millones de pesos anuales. Desde el sitio oficial de esta Secretaría, se informa que se asignan “por medio de sus diócesis y otros organismos, en concepto de sostenimiento del culto que incluye la colaboración económica para visitas ad limina , sínodos, conferencias regionales y viajes en cumplimiento de acciones pastorales”. También se destinan a una red de “437 institutos de vida consagrada inscriptos, que actúan a través de 4.500 casas y obras apostólicas existentes en todo el país”. En el desagregado sobre el destino de esos fondos se hace mención a “Asistencia Financiera/Culto Católico”, dinero que va a 122 arzobispos y obispos, 1.600 seminaristas y 640 sacerdotes. El sueldo de un arzobispo, actualmente es de 8.200 pesos. Sin embargo, Olivieri precisa que “debería ascender a 13.000 pesos”, por ser el equivalente al 70 por ciento de un juez nacional de primera instancia. Sin embargo, los purpurados, amén de sus discursos en torno de la equidad y los pobres, no pagan impuestos, no tienen cargas sociales, no aportan a Ganancias ni a la jubilación. Lo poderosamente llamativo es que la asignación de estas partidas deviene de tiempos en los que reinaba la paz social, primaban el diálogo y el consenso. Todas y cada una de las normas relacionadas con los sueldos clericales nacieron de “acuerdos con la Santa Sede” y de leyes surgidas en tiempos dictatoriales: de la Revolución Libertadora al Onganiato y, de allí, al Proceso. Sólo durante la última dictadura fue que se sancionó la Ley 21.540 en 1977 –que fija las asignaciones mensuales vitalicias a arzobispos, obispos y auxiliares eméritos–, además de otras… ¡Siete! leyes que ampliaron el número de curas e instituciones confesionales beneficiadas. Pero más allá del andamiaje legal que supo conseguir, la jerarquía eclesiástica cita como argumento de base para justificar los fondos que eroga el Estado para solventar su funcionamiento en el artículo 2º de la Constitución Nacional: “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Cuánto de ese sector de la educación privada representa a las confesionales es un rompecabezas complejo de armar. Pero hay pistas evidentes que permiten rehacer un mapa cercano al real. De acuerdo al relevamiento oficial de 2008, en todo el país existen 9.114 establecimientos escolares privados de los niveles inicial, primario y secundario. De ese total, 3.638 son confesionales, 3.220 no lo son y queda un número de 2.256 establecimientos “sin información”. Si se aplicara una proyección prudente acerca de cuánto de ese 11 por ciento de los 53 mil millones transferidos a la educación privada va a las confesionales, la cifra superaría largamente los 2.000 millones de pesos anuales destinados a colegios religiosos, fundamentalmente para pagar salarios. A ese número hay que añadir un 15 por ciento de lo que el Estado destina a través del Fondo de Incentivo Docente y Compensación salarial –cuyo total es de 3.000 millones de pesos–, que implican 450 millones más. Como en tantas áreas, ni desde el Estado ni desde la investigación académica abundan cifras definitivas, ciertas y precisas sobre este tema que tradicionalmente incomoda a los funcionarios, incluso a los más progresistas. Hace un par de años Horacio Verbitsky publicó una investigación en la que decía que “la aproximación más confiable indica que el sistema privado consume el 13,5 por ciento de todos los recursos estatales para educación, que en 2006 ascendieron a 24.500 millones de pesos, y la confesional más de la mitad de ese monto, el 7,5 por ciento del total, es decir 1.837 millones de pesos”. Hasta aquí no entran a tallar los inmensos dineros privados asociados a la Iglesia ya sea por colectas, en depósitos bancarios, asociaciones de empresarios cristianos o complejos sojeros, para lo cual el lector deberá ir a otras páginas de esta edición. Aún así, los números reseñados demuestran lo forzado del argumento de la Conferencia Episcopal Argentina allí donde se dice que “el aporte del Estado a la Iglesia representa el 0,014 % del total del Presupuesto Nacional”. O cuando asegura que “concretamente, el aporte del Estado representa menos del 7% de los ingresos que tiene la Iglesia argentina”, sin mencionar de dónde proviene el 93% restante de una cifra total de ingresos no citada. El pecado Rivadavia. Los defensores del sostenimiento del culto católico con recursos estatales suelen retroceder casi 200 años de historia argentina para fundamentar el por qué de ese gasto. En palabras del ex diputado Gentile lo que “aparenta ser un privilegio tiene una razón histórica en la cuantiosa confiscación de bienes que hizo el Estado a la Iglesia y a las ordenes religiosas” durante los gobiernos de Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia, hacia 1822. Dos siglos después, tres países cercanos de la católica América latina (Brasil, Uruguay, Chile) no sostienen ningún culto. El gobierno de España firmó un acuerdo con la Conferencia Episcopal Española a través del cual se acabó con la donación directa del Estado y se subieron los aportes voluntarios del impuesto a las rentas, algo que también se practica en Alemania. Difícilmente pueda decirse que la Argentina es un país más católico que Chile o España. Y si se trata del respeto a una identidad religiosa, habrá que tomar las principales conclusiones de la Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas realizada, entre otros por Fortunato Malimacci y Juan Cruz Esquivel en 2008 desde el Conicet. “Los datos destacan el pluralismo y la diversidad presente en el campo religioso, junto con la preservación de una cultura cristiana”, decía una de las conclusiones centrales de esa encuesta. Lejos de la cifra tirada al bulto de un 85 a 90 por ciento de católicos practicantes que suele manejar la Iglesia, el estudio hablaba de un 76,5 por ciento de la población que se define como católica. Pero de ese porcentaje casi dos tercios, el 61,1 por ciento, “se relaciona con Dios por su cuenta” y no a través de la institución eclesial. ¿Y el pago de los salarios para los obispos y curas? Según el trabajo, sólo es aceptado por el 27 por ciento de los entrevistados. Ayuda social. El cálculo realizado en esta nota de los recursos estatales de los que dispone la IglesIa, no incluyen los aportes de Desarrollo Social, que recibe Cáritas. Sin embargo, no se puede desconocer el importante trabajo social que desarrollan curas y religiosos con los sectores más vulnerables. En este punto, según el estudio mencionado anteriormente, la contribución financiera del Estado a esta tarea tiene un amplio grado de aceptación en la población, que llega al 75 por ciento. Fuente: Miradas al Sur
Comentarios (6)
Powered by !JoomlaComment 4.0 beta2
|
| Última actualización el Domingo, 18 de Julio de 2010 17:05 |
Pero lamentablemente, la verdad me parece que está más cerca de ocurrir lo contrario. Lo digo por proyecto de Hotton sobre "igualdad religiosa". Al menos hay que lograr que sea voluntario el aporte, como ocurre en España. Y que se arreglen con eso para mantener sus sacerdotes, pastores, viajes, casas, escuelas (salarios incluidos), etc, etc.
Medio offtopic: Ni hablar de los años de prisión que piden para las ofensas. Esto va en camino de pedir privilegios ante la ley, "derechos" especiales, tal como advierte Dawkins, a quien estoy leyendo.