Una vez más somos testigos de la actitud prepotente e intolerante de los fundamentalismos religiosos, particularmente del católico: A pocos días de que el Senado de la Nación se pronuncie al respecto del proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario, los sectores más reaccionarios y retrógrados de la Iglesia Católica (y algunas evangélicas) están desplegando todo su poder para presionar al poder legislativo a fin de que no se reconozca el derecho de gays y lesbianas a contraer matrimonio.

A sabiendas de que incluso la inmensa mayoría de las personas que se declaran católicas no atienden a los medievales principios morales que pregona, la Iglesia se ve obligada a “resistir” la democratización del matrimonio avalando una ley consuelo discriminatoria, la Unión Civil, que instauraría un apartheid sexual en estas tierras del sur. De un lado, ciudadanía de primera, heteroxuales. De otro lado, ciudadanía de segunda, toda la demás!

Como hicieron con la ley de divorcio, como hacen con las leyes y programas de educación sexual y como harán cuando se trate en el Congreso la despenalización del aborto, la ICAR se comporta como un lastre insoportable intentando frenar todo avance hacia una sociedad más justa y respetuosa de la diversidad, la libertad y los derechos humanos de todas las personas.

A pesar de que no se trata de una “cuestión de fe”, la oposición a la ley de matrimonio se ha convertido en una obsesión para sectores religiosos conservadores, quienes apelan a patrañas pseudo religiosas tales como “el orden natural” o a concepciones de familia hoy anacrónicas.

La campaña que está dirigiendo la Iglesia contra este derecho llegó al absurdo cuasidelictivo de usar a estudiantes de escuelas confesionales y públicas, presionándolos para que asistan a las marchas contra la igualdad y para que participen de la recolección de firmas en contra del proyecto.

Desde nuestro colectivo repudiamos una vez más la actitud retrógrada y totalitaria de la Iglesia Católica que insiste en forzar en la ley los principios morales que no puede imponer de otra manera en una sociedad que ya no ve a la jerarquía católica como un referente en cuestiones de moral. El principio de libertad religiosa incluye la posibilidad de adoptar voluntariamente los valores de cualquier confesión religiosa, pero no nos obliga a hacerlo ni justifica la discriminación o el trato desigual a quienes deciden adoptar otros valores. Las instituciones familia y matrimonio no son propiedad de las religiones y por lo tanto no tiene ningún sentido que sean ellas las que las regulen, limiten o definan.

Afirmamos que el Estado no puede ni debe dejarse presionar por ninguna religión, y que tienen que gobernar y defender los intereses de toda la sociedad. Exigimos a quienes representan al pueblo que mantengan sus convicciones religiosas para su vida privada y que no insistan en imponer sus valores religiosos en la vida civil de nuestro país. E invitamos a todos quienes hayan sido bautizados en la religión católica a expresar su profundo repudio a esta institución pidiendo la baja formal de sus registros para que la la ICAR no siga insistiendo con su discursos homofóbicos en nuestro nombre.

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